Un proyecto de ley dudoso convierte el cuidado infantil en vigilancia total.
En el estado estadounidense de Florida, avanza un proyecto de ley que podría cambiar drásticamente las reglas del juego para las redes sociales. Los legisladores locales apoyaron por unanimidad una iniciativa que obliga a las plataformas digitales a proporcionar un mecanismo de acceso a los mensajes cifrados de los usuarios a petición de la policía. Ahora, el documento con el número SB 868 se someterá a votación en el Senado estatal.
El proyecto de ley “Uso de redes sociales por menores” exige a las redes sociales no solo la capacidad de descifrar mensajes de extremo a extremo en caso de una solicitud de las fuerzas del orden, sino también proporcionar a los padres o tutores acceso a las cuentas de sus hijos. Además, se prohibirá a los menores utilizar funciones que permitan enviar mensajes que desaparecen.
Los opositores a la iniciativa, incluidas empresas tecnológicas y organizaciones de derechos humanos, advierten sobre graves riesgos para la ciberseguridad. Según representantes del sector, cualquier debilitamiento del cifrado hace que todos los usuarios sean más vulnerables a filtraciones de datos, ataques de hackers y abusos dentro de las propias empresas.
La organización de derechos digitales Electronic Frontier Foundation calificó la iniciativa como perjudicial en su blog, señalando que el cifrado sigue siendo el mejor medio para proteger las comunicaciones en Internet. Si se aprueba la ley, las empresas podrían simplemente desactivar el cifrado para las cuentas infantiles, privándolas así de una protección digital básica.
El proyecto de ley SB 868 es una continuación de la ley del año pasado que restringió el acceso a las redes sociales para niños menores de 16 años. Aunque ese documento actualmente se encuentra impugnado en los tribunales debido a dudas sobre su constitucionalidad, el nuevo proyecto podría ir aún más lejos, obligando de hecho a las empresas a crear vulnerabilidades en sus productos.
En medio de estos cambios, los principales actores como Apple, Google y Meta están implementando activamente el cifrado de extremo a extremo, que permite que los mensajes solo sean accesibles para los remitentes y destinatarios. Incluso las propias plataformas no tienen acceso a estos datos. Esto no solo protege a los usuarios de ataques externos, sino que también permite a las empresas justificar legalmente la negativa a entregar información a las autoridades policiales.
Sigue sin estar claro si el proyecto de ley contempla la obligación de revelar datos únicamente a solicitud de la policía. A diferencia de una orden judicial, la solicitud no requiere la autorización de un juez y puede usarse para obtener información limitada, como el nombre, correo electrónico o número de teléfono. Las empresas a menudo insisten en la necesidad de una orden judicial para acceder a la correspondencia privada del usuario, ya que esta exige una base probatoria más sólida.
Paralelamente al análisis del SB 868, un proyecto de ley similar, el HB 743, está pasando por los comités de la Cámara de Representantes de Florida. Después de la última votación en comité, también podría ser presentado ante la cámara baja.