Las autoridades contra el cifrado de Apple: un sonado proceso judicial a puertas cerradas

En Londres, en el Tribunal Real, se comenzó a juzgar a puerta cerrada el caso de Apple contra el gobierno británico. La compañía no está de acuerdo con la exigencia del Ministerio del Interior de acceder a los archivos de los usuarios que tengan habilitada la función Advanced Data Protection (ADP), una herramienta que impide a cualquiera, salvo al propietario, leer los datos protegidos.

A la audiencia del tribunal de poderes de investigación acudieron periodistas de los principales medios —BBC, Guardian, Telegraph, PA, Bloomberg y Computer Weekly—, pero no se les permitió entrar a la sala. El gobierno está representado por el abogado de la Corona, sir James Eadie, quien anteriormente defendió los intereses de las autoridades en el sonado caso de la revocación de la ciudadanía de Shamima Begum.

Cinco políticos estadounidenses de diferentes partidos pidieron al tribunal que dejara de ocultar los detalles del proceso, ya que, en su opinión, afecta asuntos de seguridad internacional. Los defensores de derechos humanos también se opusieron a que las audiencias se celebraran a puerta cerrada. Consideran que prohibir el acceso a la prensa es inaceptable cuando se trata de problemas de seguridad global y confidencialidad.

ADP de Apple utiliza cifrado de extremo a extremo basado en claves criptográficas que se generan directamente en el dispositivo del usuario. El sistema se basa en el principio de cero confianza. Todos los datos, incluidas las copias de seguridad en iCloud, fotos, notas y mensajes, se convierten en código cifrado mediante una clave criptográfica única. Esta clave nunca sale del dispositivo del usuario ni se transfiere a los servidores de la empresa. Por cierto, este mismo enfoque lo utilizan aplicaciones de mensajería tan populares como Signal, WhatsApp e iMessage.

En febrero, el gobierno del Reino Unido intentó aplicar la Ley de Poderes de Investigación para acceder a los datos cifrados de los usuarios. Según el documento, las fuerzas del orden pueden obligar a las empresas tecnológicas a proporcionar información cuando se requiera.

En respuesta, Apple desactivó la ADP en el Reino Unido y demandó al gobierno. La compañía está convencida de que, para cumplir con las exigencias de las autoridades, habría que crear un acceso interno que después podrían utilizar los hackers. El Ministerio del Interior insiste en que debe proteger a la ciudadanía de delitos graves, como terrorismo y violencia contra menores. El organismo subraya, no obstante, que solo se inmiscuiría en la vida privada en casos extremos y siempre que hubiera razones de peso. Resta ver de qué lado se inclinará finalmente la ley.