La repentina decisión del ministerio puso a los empleados en una situación desesperada.
A los empleados de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura de EE. UU. (CISA) se les informó que no tienen derecho a participar en el nuevo programa gubernamental de jubilación diferida ofrecido a los funcionarios federales. Esta decisión fue confirmada en una correspondencia interna a la que tuvieron acceso los periodistas.
Anteriormente, la Oficina de Gestión de Personal de EE. UU. (OPM) envió una notificación a dos millones de empleados federales, ofreciéndoles la posibilidad de renunciar antes del 6 de febrero con el mantenimiento de su salario y beneficios hasta finales de septiembre. Sin embargo, la oferta inicialmente no se extendía a los miembros de las fuerzas armadas, el servicio postal, el control de inmigración, la seguridad nacional y otras categorías específicamente excluidas.
Según explicó una fuente informada, los empleados de CISA tampoco pueden beneficiarse de esta oferta, ya que se consideran parte del aparato de seguridad nacional. Una carta interna de la directora ejecutiva de la agencia, Bridget Bean, confirmó que la exclusión de CISA del programa se debe a directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual forma parte la agencia.
Los representantes del DHS y CISA aún no han comentado la decisión. Sin embargo, esta siguió a las declaraciones de la nueva secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, realizadas durante las audiencias para su nombramiento. Ella afirmó que era necesario hacer que CISA fuera "más eficiente, compacto y operativo" para cumplir con éxito su misión.
La agencia también enfrenta una presión adicional por parte del nuevo presidente del Comité del Senado sobre Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, Rand Paul. En noviembre, expresó su deseo de eliminar por completo a CISA, calificando su trabajo como innecesario. Aunque es poco probable que la agencia sea disuelta, las críticas a su labor no son nuevas. Legisladores de diferentes partidos han planteado en repetidas ocasiones la necesidad de reformar CISA, especialmente debido a su enfoque en la lucha contra la desinformación.