Acusan a la IA de "ser demasiado liberal" y ahora quieren regularla con la ley de protección al consumidor.

Las autoridades federales de EE. UU. se han preguntado si se puede sancionar a los desarrolladores de inteligencia artificial por las respuestas de sus sistemas con sesgo político. La idea ya suscitó un raro consenso entre críticos de distintos campos políticos, que temen que la lucha contra el sesgo se convierta en un control estatal sobre las respuestas que se permite ofrecer a la IA.

La Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) propuso considerar el sesgo ideológico de los sistemas de inteligencia artificial como una "práctica desleal o engañosa" en el marco del artículo 5 de la Ley de la Comisión Federal de Comercio. La agencia parte de la premisa de que los usuarios tienen derecho a esperar información de la IA sin manipulaciones ideológicas. Ese enfoque podría permitir a la comisión, potencialmente, revisar incluso los datos de entrenamiento de los modelos y otros materiales de los que dependen las respuestas de los algoritmos.

El principal problema de la propuesta es que la comisión aún no ha explicado cómo planea determinar el sesgo ideológico. Al mismo tiempo, la agencia supone que las normas federales podrían prevalecer sobre las leyes de los estados. El documento menciona expresamente la ley de Colorado sobre inteligencia artificial, que obliga a evaluar riesgos, divulgar información y revisar los modelos en busca de sesgos antes de su lanzamiento. La ley debe entrar en vigor en 2027, aunque los legisladores estatales ya discuten cómo suavizar los requisitos.

La propuesta recopiló más de 300 comentarios públicos de asociaciones del sector, centros de investigación, especialistas y miembros del Congreso. Muchos autores consideran que las formulaciones son demasiado imprecisas y temen que las autoridades puedan usar los nuevos poderes para ejercer presión política sobre los desarrolladores. El International Center for Law and Economics señaló que la comisión casi no explica dónde se traza la línea entre la protección del consumidor y el derecho de las propias empresas a determinar el carácter de las respuestas de sus sistemas.

Los críticos también cuestionan la propia tentativa de equiparar el tinte político de una respuesta de IA con el engaño al consumidor. Representantes del Cato Institute consideran que la comisión confunde dos asuntos distintos: que la publicidad se emplee para engañar en términos fácticos y la medida en que puede ser subjetiva la evaluación de la exactitud o la orientación ideológica de las respuestas de un modelo. La R Street Foundation añade que muchos modelos de lenguaje a gran escala ya advierten a los usuarios sobre las limitaciones de sus respuestas, por lo que demostrar que el consumidor fue efectivamente engañado podría resultar complicado.

El grupo conservador America First Legal Foundation instó a aceptar el documento en su totalidad, afirmando que los modelos de OpenAI y Anthropic supuestamente tienden a presentar las posturas liberales y progresistas como neutrales. Sin embargo, los autores de la propuesta de la Comisión Federal de Comercio se enfrentaron a acusaciones de selectividad. Anthropic se menciona en las notas del documento más de seis veces, mientras que xAI y Elon Musk no aparecen nombrados, aunque Musk intervino públicamente en el comportamiento de Grok tras respuestas del modelo que no le agradaron.

Un debate separado se ocupa de las manipulaciones reales de los datos. La exfuncionaria de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Lia Siskaind señala que los modelos de lenguaje a gran escala pueden, efectivamente, reproducir propaganda y desinformación que entraron en los conjuntos de entrenamiento. En su opinión, la cuestión de cuán precisa es la IA y de cómo proteger los datos frente a la distorsión deliberada merece que se regule por separado; sin embargo, la propuesta actual de la comisión se centra, sobre todo, en las valoraciones ideológicas y en la disputa entre las autoridades federales y los estados.

Los miembros de la Cámara de Representantes Josh Gottheimer y Michael Lawler pidieron por separado a la comisión que no obstaculice a los desarrolladores en su lucha contra la discriminación por motivos de raza, religión, sexo, edad y otros rasgos protegidos por la ley. El miedo principal de los opositores a la iniciativa va más allá del documento concreto. Si el Estado llegara a tener la facultad de determinar qué respuestas de la IA son ideológicamente aceptables, ese mismo mecanismo podría usarse por futuras administraciones con ideas políticas totalmente distintas.