Libertad de expresión o derecho a mentir: la orden ejecutiva de Trump divide a Estados Unidos

Donald Trump, tras regresar a la Casa Blanca, firmó una orden ejecutiva que modifica las reglas de interacción entre el gobierno federal y las redes sociales. Ahora, los funcionarios federales tienen prohibido exigir a plataformas como Facebook*, X y otras que eliminen publicaciones o bloqueen usuarios, incluso si se trata de información falsa. Según Trump, esta medida busca restaurar la libertad de expresión y combatir la censura.

Los republicanos sostienen que, durante la presidencia de Biden, las autoridades presionaron a las redes sociales para eliminar publicaciones "incómodas". Aseguran que la administración exigió bloquear mensajes sobre el origen del coronavirus y los efectos secundarios de las vacunas. Sin embargo, expertos advierten que esta nueva orden representa una grave amenaza, ya que, al prohibir la "censura", Trump estaría permitiendo la difusión de noticias falsas y teorías conspirativas.

El texto de la orden enfatiza que el gobierno federal, bajo el pretexto de luchar contra la desinformación, violó los derechos constitucionales de los estadounidenses e impuso su interpretación de cuestiones sociales importantes.

Muchos temen que la orden pueda interpretarse de manera tan amplia que cualquier corrección oficial de información falsa se considere censura. Por ejemplo, durante incendios o desastres naturales, las publicaciones de las autoridades con datos verificados para contrarrestar rumores podrían ser vistas como un intento de "imponer la versión gubernamental de los hechos", lo que podría resultar en pérdidas humanas.

Nina Jankowicz, experta en desinformación, declaró en una entrevista con CNN que la orden de Trump legitima la mentira y las teorías conspirativas. Según ella, el documento beneficia tanto a fuerzas extranjeras como a quienes lucran con la desinformación. "La desinformación no es una cuestión partidista, es una amenaza para la democracia misma. Los enemigos de Estados Unidos ganan cuando nuestra nación está dividida", subrayó Jankowicz.

La orden ejecutiva también ordena al fiscal general investigar cómo la administración de Biden influyó en las redes sociales. En el centro de atención está el bloqueo de las cuentas de Trump en Facebook y X (anteriormente Twitter) tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. En agosto, esta cuestión fue respaldada de manera inesperada por el director de Meta*, Mark Zuckerberg, quien reconoció que las autoridades le exigieron eliminar publicaciones relacionadas con la pandemia, algo que consideró inaceptable.

Mark Grabowski, profesor de comunicaciones de la Universidad Adelphi en Nueva York, recuerda que la cuestión de si el gobierno puede influir en el contenido de las redes sociales ya fue examinada por la Corte Suprema. Sin embargo, los jueces no llegaron a un veredicto definitivo. El verano pasado, la misma corte, por mayoría (seis votos contra tres), confirmó el derecho del gobierno a señalar información falsa en redes sociales, una decisión celebrada por la administración Biden.

"Incluso si las autoridades tienen buenas intenciones, no se les puede permitir decidir qué se puede publicar y qué no", advierte Grabowski. "Hoy combaten la mentira, pero mañana podrían silenciar a quienes los critican o expresan puntos de vista políticos impopulares".

Los republicanos acusan a la administración Biden no solo de dialogar con los gigantes tecnológicos, sino de llevar a cabo una campaña encubierta de presión sobre las redes sociales. Grabowski menciona el caso del portátil de Hunter Biden: "Cuando apareció esta historia, que planteaba serias cuestiones, las plataformas la etiquetaron inmediatamente como desinformación rusa. Fue una clara interferencia política, no un simple error".

En enero, Zuckerberg anunció que Meta dejará de verificar hechos en publicaciones y suavizará sus reglas de moderación. Ahora, por ejemplo, se permite llamar a personas LGBT* "mentalmente enfermas" sin riesgo de bloqueo. Sin embargo, los partidarios de la orden de Trump están más enfocados en el principio del fact-checking que en estos cambios específicos.

Grabowski opina que muchos moderadores no verificaban información de manera objetiva, sino que etiquetaban como "desinformación" opiniones incómodas. Según él, rara vez los fact-checkers eran verdaderos expertos neutrales.

Algunos analistas ven en la orden de Trump un intento de despejar el campo informativo para imponer su propia versión de los hechos, tanto en el ámbito nacional como internacional. Alex Abdo, del Instituto Knight de la Primera Enmienda en la Universidad de Columbia, advierte que el documento podría convertirse en una herramienta de presión para reescribir la historia a conveniencia de la nueva administración.

Jordan Mitchell, fundador de la agencia de marketing Growth Stack Media, identifica el problema raíz: muchos usuarios no saben cómo evaluar críticamente la información en redes sociales. "La moderación de contenido ayuda a hacer de internet un lugar más seguro. Pero debe combinarse con educación en alfabetización mediática y reglas claras que realmente funcionen", concluye.