Las medidas propuestas podrían provocar otro conflicto con los gigantes de la tecnología.
La Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) ha anunciado los planes del gobierno para introducir una nueva ley que obligue a las empresas de Internet a combatir activamente el fraude. Se prevé que el proyecto de ley se apruebe antes de que finalice el año en curso.
Según la ley propuesta, las empresas de Internet estarán obligadas a tomar medidas razonables para proteger a los usuarios del fraude. En particular, deberán proporcionar un sistema eficaz de presentación de quejas. Las empresas que no cumplan los requisitos se enfrentarán a cuantiosas multas.
La necesidad de introducir una nueva ley se debe al fuerte aumento de las pérdidas de los australianos por fraude. Entre 2020 y 2023, esta cantidad se triplicó hasta alcanzar los 2.700 millones de dólares australianos (1.800 millones de dólares estadounidenses).
Las autoridades están especialmente preocupadas por los anuncios fraudulentos que utilizan imágenes de personas famosas. Por ejemplo, el multimillonario Andrew Forrest afirmó que los australianos habían perdido millones de dólares debido a anuncios de esquemas de criptomonedas con su imagen.
Actualmente en Australia, sólo las empresas de telecomunicaciones están sujetas a una regulación antifraude específica. La nueva ley ampliará la responsabilidad a todas las industrias implicadas, incluidas las plataformas de Internet.
La presidenta de la ACCC, Gina Cass-Gottlieb, subrayó la necesidad de que las empresas asuman obligaciones jurídicas claras y específicas. Por incumplimiento de los requisitos, se prevén multas de 50 millones de dólares australianos, el triple del beneficio obtenido o el 30% de la facturación de la empresa.
Algunas grandes empresas tecnológicas se oponen al carácter obligatorio del nuevo código. Meta, por ejemplo, expresó en un comunicado su preocupación por que esto pudiera dar prioridad al cumplimiento de las normas en detrimento de la innovación.
La introducción de la nueva ley podría convertirse en otro motivo de desacuerdo entre el gobierno australiano y las grandes empresas tecnológicas. Sin embargo, los expertos señalan que estas medidas podrían ser un paso necesario en el desarrollo del espacio digital, donde la seguridad de los usuarios desempeña un papel clave en la creación de confianza en las plataformas en línea.