La discriminación digital está legalizada: cómo la nueva ley traiciona los derechos civiles

Activistas en el ámbito de los derechos civiles y la privacidad expresaron su descontento después de que en la última versión de la ley federal sobre privacidad de datos se excluyeran disposiciones que protegen contra la discriminación basada en datos y los prejuicios de la inteligencia artificial.

El proyecto revisado de la Ley de Derechos de Privacidad de América (APRA) fue publicado el 20 de junio y generó debates animados debido a cambios significativos. Los defensores de los derechos civiles se centraron en la exclusión de las disposiciones sobre derechos civiles y prejuicios algorítmicos, así como en la protección insuficiente de los datos recopilados de dispositivos personales.

El proyecto inicial de APRA exigía que los proveedores de servicios y otros sujetos de la ley no recopilaran, procesaran, almacenaran ni transmitieran datos de manera que discriminaran o impidieran el uso equitativo de bienes y servicios basados en raza, color de piel, religión, origen nacional, género o discapacidad. Además, los grandes poseedores de datos debían llevar a cabo una "evaluación de impacto" por terceros independientes para asegurarse de que no hubiera discriminación.

Los defensores de los derechos señalan que en su forma actual, el proyecto de ley contiene una brecha enorme que permitirá a las empresas aplicar diferentes métodos de invasión en la vida privada de las personas. Las nuevas formulaciones significan que la protección no se aplicará a los datos recopilados directamente de dispositivos personales en lugar de servidores de la empresa, creando una laguna que solo se ampliará con el desarrollo de la IA y las capacidades de cómputo.

El grupo Lawyers Committee for Civil Rights Under Law declaró que la laguna en la ley hará que la legislación federal sea más débil que las leyes de privacidad de datos estatales. La eliminación de secciones sobre derechos civiles y prejuicios algorítmicos hará que el apoyo a la ley sea casi imposible para la sociedad civil.

Los cambios en el proyecto de ley de APRA han provocado críticas de más de 55 organizaciones nacionales que abogan por los derechos civiles y la privacidad, las cuales han pedido que se posponga su discusión. Algunos activistas afirmaron que la exclusión de estas disposiciones pudo haber sido influenciada por procesos políticos en el Congreso.