¿Cómo terminarán los intentos del gigante del ciberespionaje por recuperar su reputación?
Los investigadores de ciberseguridad de Citizen Lab llevan años rastreando las actividades de la compañía israelí NSO Group, desarrolladora del software espía Pegasus. En 2019, los especialistas descubrieron que este software se utilizó para hackear los teléfonos de periodistas y defensores de los derechos humanos a través de una vulnerabilidad en WhatsApp.
NSO Group, que está en la lista negra del gobierno de EE.UU., está demandando activamente a Citizen Lab, intentando descubrir los métodos mediante los cuales la empresa llevó a cabo sus análisis. A pesar de que el tribunal ha rechazado sistemáticamente los intentos de NSO de obtener acceso a la documentación de Citizen Lab, la situación continúa empeorando gradualmente.
El litigio contra NSO comenzó en 2019, cuando WhatsApp y Meta demandaron al fabricante de software espía, acusándolo de enviar programas maliciosos alrededor de 1400 dispositivos en todo el mundo.
Últimamente, NSO ha estado intentando activamente revisar su imagen mediática, especialmente después de haber sido incluida en la lista negra en 2021. Entonces, en noviembre del año pasado, después de los ataques de Hamás el 7 de octubre, la compañía se acercó al Departamento de Estado de Estados Unidos con una propuesta para discutir el uso de Pegasus como una «herramienta crítica en la lucha contra el terrorismo».
Las demandas judiciales contra NSO incluyen no solo el caso de WhatsApp, sino también otras demandas, incluyendo las de periodistas de El Salvador, la compañía Apple y la viuda del periodista asesinado Jamal Khashoggi. Todas estas demandas se basan, en mayor o menor medida, en las investigaciones de Citizen Lab. Por ello, como se mencionó anteriormente, NSO ha intentado dos veces obtener información adicional de Citizen Lab sobre los métodos utilizados en su investigación.
El primer intento fue rechazado en marzo y el segundo en abril de este año. La jueza Hamilton calificó las exigencias de NSO como «excesivas». Sin embargo, le dio a la compañía la oportunidad de intentarlo de nuevo si NSO puede proporcionar pruebas de que las personas clasificadas por Citizen Lab como objetivos de la sociedad civil estaban realmente involucradas en «actividades criminales/terroristas».
El director de Citizen Lab, Ronald Deibert, expresó su satisfacción con la decisión del tribunal, destacando que la solicitud de NSO era «claramente excesiva» y «actualmente no es necesaria para resolver las cuestiones en disputa».